lunes, 1 de octubre de 2012

“Gestión de Bengoa en Montevideo fue un plan piloto que después se aplicó a nivel nacional”



La gestión del ex director de los casinos del gobierno de Montevideo, y luego director nacional de los casinos del Estado, Juan Carlos Bengoa, fue “una especie de prueba piloto que luego se aplicó a nivel nacional”, denuncian los integrantes de la Federación Nacional de Trabajadores del Juego (FENAJU).
Los trabajadores del sector de los juegos de azar desde hace tiempo consideran que la actual política del gobierno “es continuadora y profundizadora del modelo anterior que se apoyaba en dar importante cabida a los sectores privados del juego, desmantelando varias áreas en manos del Estado”, aseguró Leonel Revelese, dirigente de FENAJU entrevistado para este investigación.
Además, los trabajadores de las salas de juego están a favor de prohibir la existencia de tragamonedas “barriales”, y aseguran que “el Estado no actuó, no está actuando y seguirá estando omiso” en ese tema.
Estas afirmaciones forman parte del capítulo 5 de “Los dueños del juego. El lucrativo negocio de las apuestas en Uruguay”, una investigación periodística realizada por los periodistas Pablo Alfano y Fabián Werner con el apoyo del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) y el patrocinio del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Perú.



Los dueños del juego -Capítulo 5 – La Gremial (pdf)

 

Capítulo V

La Gremial

 

La Federación Nacional de Trabajadores del Juego (FENAJU) rechaza la política aplicada por el gobierno en los últimos períodos hacia los juegos de azar y denuncian que el objetivo final es privatizar el negocio y dejar todas las ganancias a los empresarios.


Los trabajadores del sector de los juegos de azar desde hace tiempo consideran que la actual política del gobierno de centroizquierda “es continuadora y profundizadora del modelo anterior que se apoyaba en dar importante cabida a los sectores privados del juego, desmantelando varias áreas en manos del Estado”.
Para el dirigente sindical Leonel Revelese el gobierno del presidente José Mujica, continuador de las políticas de su antecesor el ex presidente Tabaré Vázquez (2005-2010), está “claramente facilitando que los operadores privados se hayan hecho del control, en forma paulatina, de las ganancias que alguna vez fueron exclusivamente a las arcas del Estado”.
Para los dirigentes de la FENAJU este proceso se inició cuando Vázquez estuvo al frente del gobierno de la ciudad de Montevideo (1990-1995), que fue profundizado “notoriamente” cuando alcanzó el sillón presidencial en el anterior gobierno de la mano del Frente Amplio, una coalición que nuclea a partidos históricos de la izquierda uruguaya y a sectores ubicados al centro del espectro político.
Para Revelese y otros dirigentes de la FENAJU es “claro” que los primeros indicios políticos dados por Vázquez constituyeron “una antesala de lo que luego se dio en el gobierno nacional, que fue facilitar a los explotadores privados del juego privado un cambio importante que los favoreció, y que hizo que ellos tuvieran el monopolio de los juegos de azar por la vía de los hechos”.
En su opinión no existe “duda alguna” que la polémica y deficitaria gestión del ex director de los casinos del gobierno de Montevideo, y luego director nacional de los casinos del Estado, el contador Juan Carlos Bengoa fue “una especie de prueba piloto que luego se aplicó a nivel nacional”.
“Es una línea de entrega, porque el Estado dejó de ganar y pasó compartir ganancias con los privados, en el marco de un proceso general de reforma por el mandato de organismos internacionales y forma parte de un sistema capitalista que cada vez globaliza más las leyes del mercado”, opinó.
“Ahora hacen lo mismo al darle el casino Nogaró (ubicado en el corazón del balneario Punta del Este) que era 100 por ciento estatal a la empresa Vidaplan SA. O como en el casino de Rivera que también era totalmente del Estado y ahora pasará a estar compartido con privados. Y así existen otra decena de proyectos”, dijo el presidente de la FENAJU, que nuclea a todos los sindicatos vinculados a los juegos de azar.
Revelese consideró que la primera experiencia de un casino cuya gestión fue compartida entre operadores privados y el Estado fue el Casino Victoria Plaza Hotel (hoy llamado Radisson Victoria Plaza de Montevideo), ubicado frente a la actual sede de la Presidencia de la República, que durante el segundo gobierno de la ciudad de Montevideo, también en manos del Frente Amplio (1995-2000), comenzó a funcionar en el denominado “régimen mixto”.
El dirigente sindical recordó que luego de esta “experiencia piloto” se le otorgó la explotación del mítico Hipódromo Nacional de Maroñas, a la empresa Hípica Rioplatense, un consorcio formado en su mayoría por capitales argentinos para que “reflotaran” esa actividad, que en Uruguay había desaparecido luego de una desastrosa gestión de las autoridades del Jockey Club en la década de 1990.
A su juicio, esta polémica concesión que fue otorgada hace ya una década “mostró que ésta fue una de las tantas formas de la penetración de los privados a través de megaproyectos. Se trata de un modelo claramente aperturista hacia los privados y de entrega del patrimonio del Estado”, afirmó.


Una privatización maquillada
 
Entre la dirigencia de los trabajadores del juego existe la certeza que la concesión de espacios históricamente controlados por el Estado para pasar a un “régimen mixto” donde lo público se asocia a capitales privados “fue el primer paso para una privatización total de los juegos de azar, en un futuro no muy lejano”.
De hecho, varios voceros del partido de gobierno han expresado en los últimos años su convicción de que el juego de azar no es una actividad prioritaria para el Estado, que debería dejar de lado su participación en esa actividad y debería dejarla en manos privadas, para dedicarse sólo a su control a través de organismos especializados. Esa idea, que durante mucho tiempo sólo había sido una declaración de intenciones, hace poco se materializó en el papel.
En opinión de la FENAJU, toda esta “tendencia privatizadora” está “maquillada” con el sello de la “regulación entre comillas del Estado”, dijo Revelese. Representantes de los sindicatos del juego se reunieron con el director general del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Apezteguía, el número tres de ese organismo, a principios de este año y les reveló que “existe un proyecto del gobierno de crear una unidad reguladora para los juegos de azar, con lo cual la explotación irá pasando, en forma acelerada, íntegramente a manos de privados. El Estado se limitará sólo a controlar y regular”, dijo Revelese.
En su opinión, gracias a la llamada “megalicitación, con nuevas leyes, decretos, y a través de otras vías legales, el Estado poco a poco irá dejando la explotación directa, luego pasará a compartir ganancias con las empresas hasta llegar a un punto en que el papel estatal se limitará regular y controlar las actividades de los privados que tendrán todo el poder sobre la operativa de los juegos de azar, que históricamente estuvieron en manos públicas”.
“El Estado va a recaudar por los impuestos, pero va a perder lo que pudo haber ganado, a nivel impositivo y de canon. No hay dudas que el Estado uruguayo seguirá recaudando, pero abandonará definitivamente su vocación de ganar por la explotación directa”, sentenció.

Argumentos ya conocidos
 
En la federación que reúne a prácticamente todos los sindicatos de los trabajadores de los juegos de azar existe la firme convicción respecto al carácter “falaz” del argumento esgrimido desde algunos organismos estatales sobre que no se poseen los fondos para seguir haciéndose cargo de las inversiones en materia de juegos (compra y mantenimiento de máquinas, refacción de locales, publicidad, entre otros servicios) y, por ese motivo, se los traslada a los operadores privados. En ese sentido Revelese fue absolutamente tajante: “Es un mito, una mentira, un argumento falaz porque la inversión en los juegos de azar se recupera mucho más vertiginosamente que en cualquier otro servicio o actividad”.
“Esa fue la misma excusa que utilizó Bengoa cuando fue director de los casinos municipales: no se pueden comprar slots y por eso se creó un sistema de arrendamiento que dio pérdidas multimillonarias”, pero en paralelo el gobierno de la ciudad de Montevideo “adquirió máquinas tragamonedas a precios exorbitantes y luego las destinó a lugares donde sabía que no iban a dar ganancias”, señaló.
El dirigente también señaló que en el control de los juegos de azar “existen zonas muy oscuras” y recordó que cuando una delegación de FENAJU se reunió con una comisión de la Cámara de Senadores para conocer las ganancias del casino que funciona en el hotel cinco estrellas Conrad, en el exclusivo balneario de Punta del Este, “nunca se obtuvo respuesta” (1). “Así que o el control público es inexistente o es muy malo y eso nos consta sólo con este ejemplo”, dijo.
Existen zonas de Uruguay que tanto en este año, como en 2012 y 2013 se prevé la instalación de salas de juego donde efectivamente “la actividad comercial puede prosperar un tiempo de la mano de la industria de la construcción y algo con la hotelería”, pero una vez terminado “este repunte todo volverá a la normalidad y los estándares de ganancias se estabilizarán”. Para Revelese esto no es otra cosa que una “gran burbuja”.

Historia repetida
 
“El Estado uruguayo siempre actuó a favor, o facilitó, los negocios de algunos grupos o familias de poder, siempre fue el gestor a favor de determinados grupos económicos. En ese marco quizás se explique cómo es la quiniela de hoy, que arrancó siendo clandestina y luego de presiones políticas y económicas a los partidos políticos se le otorgó legalmente a privados (a principios de la década de 1950), con carácter precario y revocable. Esto significa que la gestión de estos empresarios es pasajera ya que el Estado tiene la titularidad del monopolio. Pero antiguamente la gestión de los privados estaba más contenida y controlada con verdaderas fiscalizaciones. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas era una policía activa del juego y eso no existe en el Uruguay de hoy”, aseguró Revelese.
Pero en la actualidad, “con la llegada de verdaderas multinacionales del juego todo se comenzó a desdibujar”, explicó. Y es que ahora “se intenta por todos los medios a pasar a una etapa superior, donde se pretende mixtizar a todos los casinos del país con el argumento falaz de que el Estado no tiene recursos para modernizar todas esas salas, y es allí donde les deja la puerta abierta a los empresarios multinacionales”, dijo con el asentimiento de otros dirigentes presentes en la entrevista.
La postura de la FENAJU es clara. Pretende que los juegos de azar en su totalidad, o al menos en su mayoría, continúen bajo el control y la explotación directa que otrora ejerció el Estado uruguayo “porque la rentabilidad es muy alta y la posibilidad de recuperar la inversión es muy rápida y la penetración del privado del juego en el vicio, que por lo general está relacionado con otros fenómenos como el alcohol, la droga, el lavado de dinero y determinados centros de poder no es positiva, ya que si el control total estuviera en manos públicas el contralor sería mucho más efectivo”.
“La manera de minimizar, cada vez más, el vicio del juego es que el Estado participe cada vez más activamente en las políticas del juego, por esa razón siempre decimos que el juego siempre debe estar en manos del Estado”. Algo que el actual presidente Mujica postuló allá por 1997 cuando era diputado nacional por el Frente Amplio, recordó Revelese.

Las tragamonedas “barriales”
 
Desde la aparición de tragamonedas denominadas “barriales” que han saturado, bares, cantinas, clubes sociales y deportivos, quioscos, almacenes, panaderías y hasta puestos de frutas y verduras, la FENAJU se ha reunido con diferentes sectores políticos de la oposición, y con variados representantes del gobierno, en pos de una ley que laude de una vez por todas la prohibición de estos juegos, que actualmente funcionan sin una regulación legal.
Revelese fue enfático en asegurar que “la FENAJU está absolutamente a favor de prohibir las decenas de miles de tragamonedas” que proliferan de manera descontrolada en ciudades, barrios y pueblos de todo el país. “El Estado no actuó, no está actuando y creemos que seguirá estando omiso”, dijo.
Para los dirigentes sindicales estas tragamonedas “barriales” son más accesibles que los slots de las salas de juego reglamentadas “por el fácil acceso ya que estas máquinas están en cada esquina de cada barrio, en cada localidad, ciudad o pueblo y pululan sin control. Y el Estado no se ha hecho cargo de su fiscalización y, por ende, también pierde dinero por el ingreso de impuestos y cánones y siempre se terminan beneficiando los operadores privados, trabajen en forma legal o en forma casi ilegal, o ilegal del todo”, señaló Revelese.
El incremento “altamente preocupante” de la proliferación de juegos de azar en Internet, donde además de que el Estado uruguayo no tiene control ninguno, “mandan verdaderas trasnacionales del juego, se pierde la oportunidad de recaudar mucho dinero, pero sobre todo de hacer un verdadero seguimiento de cómo funcionan estos juegos, que nadie parece o quiere controlar”, también es un tema que desvela a la gremial, dijo Revelese.


REFERENCIAS
 
(1) Algo similar le ocurrió a los autores de esta investigación que realizaron un pedido de acceso a la información pública sobre la recaudación y las ganancias del hotel Conrad. La respuesta oficial textual fue: se trata de un “emprendimiento de índole 100 por ciento  privado, por lo cual la Dirección General de Casinos no tiene participación en la explotación del mismo”.

 

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