lunes, 24 de septiembre de 2012

Tres mil familias viven de las tragamonedas “barriales” sin regulación del Estado


Las llamadas tragamonedas “barriales” prosperan sin regulación legal y –según los cálculos más moderados- cuadriplican la cantidad de slots que maneja la Dirección General de Casinos del Estado. Varios intentos de prohibir y penalizar su existencia  quedaron por el camino, al igual que los proyectos para “regular” su funcionamiento.
Están en bares, cantinas, clubes sociales y deportivos, quioscos, almacenes, panaderías y hasta puestos de frutas y verduras. Nadie sabe con exactitud cuántas hay diseminadas en todo el país y cuáles son los capitales que hay detrás, pero se calcula que existen más de 20 mil. Desde el gobierno se estima que este verdadero entramado de máquinas diseminadas por los barrios de cada ciudad y localidad del país deja una ganancia de 100 millones de dólares por año. Sin embargo, varios actores vinculados a los juegos de azar consultados para este trabajo manejan una cifra más jugosa: entre 200 y 250 millones de dólares anuales.
La Asociación Uruguaya de Fabricantes y Operadores de Juegos Electrónicos (AUFOJE) agrupa a 42 empresarios que se dedican a este negocio, y sus voceros afirman que hay tres mil familias que viven de este lucrativo emprendimiento, pero se sabe que hay un número no determinado de operadores que no están afiliados a AUFOJE por lo que la cantidad puede ser mayor aún.
Estos son algunos de los datos incluidos en el capítulo 4 de “Los dueños del juego. El lucrativo negocio de las apuestas en Uruguay”, realizado por los periodistas Pablo Alfano y Fabián Werner para el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), con el patrocinio del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Perú.



Los dueños del juego -Capítulo 4 – La Máquina (pdf)

 

 

Capítulo IV

La máquina

 

Las llamadas tragamonedas “barriales” trabajan sin regulación legal y cuadriplican la cantidad de slots que maneja la Dirección General de Casinos. Varios intentos de prohibir su existencia  quedaron por el camino, al igual que los proyectos para “regular” su funcionamiento. Se calcula que estas máquinas reportan una ganancia anual que rondaría los 250 millones de dólares anuales.

Están en bares, cantinas, clubes sociales y deportivos, quioscos, almacenes, panaderías y hasta puestos de frutas y verduras. Nadie sabe con exactitud cuántas hay diseminadas en todo el país y cuáles son los capitales que hay detrás. Se estima que existen unas 20 mil máquinas tragamonedas de las denominadas “barriales”, aunque la cifra puede ser mayor. Esto cuadriplica los poco más de 5.100 slots que funcionan en las 21 salas controladas por la Dirección General de Casinos (DGC).
El titular de la DGC, Javier Chá, reconoció la existencia de cerca de 20 mil slots “barriales” que catalogó de “ilegales” (1). Desde el gobierno se estima que este verdadero entramado de máquinas colocadas en cada barrio, ciudad y localidad del país dejaría una ganancia de 100 millones de dólares por año. Sin embargo, varios actores vinculados a los juegos de azar consultados para este trabajo manejan una cifra más jugosa: entre 200 y 250 millones de dólares anuales.
La situación de estas máquinas dejó al desnudo la falta de políticas claras sobre estos juegos de azar en Uruguay. La polémica en torno a estas máquinas “barriales” es doble. Por un lado se acusa a sus propietarios de trabajar casi en la clandestinidad y, por otro, se señala que fomentan la adicción a las apuestas, principalmente entre los menores de edad y personas de muy bajos recursos económicos.
Estos juegos están instalados desde hace muchos años y el debate sobre su legalidad también. Varias ideas naufragaron en el Parlamento, los dueños de las máquinas aseguran, con su propia biblioteca jurídica, que su trabajo es absolutamente legal y a los pequeños comerciantes, en cada barrio, les sirve tenerlas debido a que les reporta una buena ganancia por tenerlas simplemente encendidas.
Del otro lado del mostrador hay grupos de padres y propietarios de pequeños comercios que realizaron una campaña de recolección de firmas para pedirle al presidente José Mujica que reflote un proyecto de ley –enviado al Parlamento en 2009– que procuraba prohibir esta actividad y que por ahora zozobró.
Chá reconoció que existen “fallas legales” porque el marco normativo actual no prevé sanciones para la operativa de estas tragamonedas, actividad que es considerada una falta y no un delito. Por eso, “están dadas todas las condiciones para que el imperio de la realidad supere ampliamente al imperio de la norma”, afirmó (2). Para que estos slots bastante más rudimentarios que los de los casinos funcionen, señaló, hay “una estrecha alianza comercial con los pequeños comerciantes que incorporan a sus ingresos las ganancias de estas máquinas”.
Como lo intentó el anterior director de Casinos, Fernando Nopistch (quien estuvo en el cargo hasta marzo de 2010, cuando asumió el actual gobierno de Mujica), muchos consideran que la solución es prohibir esta actividad. Pero, “otros pensamos que este debate ya está agotado y es necesario asumir la necesidad de brindar una solución realista a lo que la propia realidad expresa”, remarcó Chá.
El jerarca consideró que estas tragamonedas proliferaron sin control en los últimos 15 años “y existe el riesgo de que si nos encerramos en un debate sobre la posibilidad de prohibir estos juegos quizás dentro de cinco años no haya 20 mil máquinas, sino 40 mil y en vez de dar 2 mil puestos de trabajo ya esté dando empleo a 4 mil personas”.
Opinó que los procesos industriales y comerciales “pueden abortarse en su estado de gestación, porque cuando la criatura ya creció y encima tiene bigotes se hace imposible hacerlo”. Así justificó la necesidad de regularizar la operativa de estos juegos de azar con condiciones y límites muy claros “para racionalizar el caos actual”.


El último proyecto del gobierno
 

En junio de 2010 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió al Poder Ejecutivo un nuevo proyecto de ley que, según explicó Chá, fue redactado antes de asumir como director general de Casinos junto al ministro Fernando Lorenzo, tras un largo análisis.
El proyecto luego de ser estudiado por el gobierno debía ser enviado al Parlamento para su debate, pero eso hasta la fecha de redacción de esta investigación aún no ocurrió.
El proyecto de ley prevé que estas máquinas estén presentes únicamente en los bares y cantinas con venta de bebidas alcohólicas al mostrador. “Es el entorno más admisible y para eso estudiamos las soluciones que se encontraron en Europa. De esta forma, se unificarán los criterios de control sobre la venta de alcohol y el juego entre los menores”, explicó Chá.
Según el proyecto, no podrá haber más de tres máquinas por bar o cantina, que deberán estar a cierta distancia de los centros de enseñanza. Y las máquinas sólo podrán funcionar dentro de determinado horario.
Además, el software de estas tragamonedas deberá ser inviolable, de fabricación totalmente nacional, y prever una tasa de retorno de entre el 92% y el 94%, tal como rige para todos los slots que dependen de la DGC. Esto significa que por cada 100 pesos uruguayos apostados, la máquina deberá pagar entre 92 a 94 pesos uruguayos de premios. Este software será testeado y certificado por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).
Los propietarios deberán establecer claramente que todas las partes de sus máquinas sean enteramente de fabricación nacional y aportarán un ficto por cada tragamoneda. A su vez, el comerciante que tenga estas maquinitas en su bar o cantina tendrá que documentar sus ingresos, a través de facturas.
El proyecto también apunta a crear un registro nacional de todos los propietarios, fabricantes y explotadores de estos juegos. Para figurar en ese registro y poder trabajar deberán estar al día con los impuestos que imponen la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS).
El comerciante también será responsable de la operativa y le deberá exigir al operador o al fabricante que las máquinas estén debidamente registradas y certificadas por el LATU.
Además, el operador deberá registrar cada una de sus máquinas, cuyo permiso deberá estar colocado en el tragamonedas en un lugar visible para facilitar la labor de inspección, a cargo de funcionarios del gobierno de cada uno de los 19 departamentos de Uruguay y de la DGI.
Las sanciones económicas y la posible creación de figuras delictivas, tanto para los dueños de las tragamonedas, como para los comerciantes, estarán contenidas “en un voluminoso capítulo” del proyecto de ley, aseguró Chá.
En su última visita al Parlamento, el 29 de junio pasado, el director de Casinos explicó que el MEF le envió el proyecto al gobierno, pero “de allí en más no ha habido una expedición del Poder Ejecutivo al respecto, lo que nos lleva a entender que nuestro proyecto no ha sido compartido o, simplemente, no se ha encontrado el momento como para definirse en ese sentido”.


Idas y vueltas
 

La Asociación Uruguaya de Fabricantes y Operadores de Juegos Electrónicos (AUFOJE), una de las gremiales más grandes de este sector, que hoy agrupa a 42 empresarios, asegura que brinda más 3 mil puestos de trabajo directos. Desde esta entidad se afirma que también reúne a pequeñas empresas nacionales que comenzaron fabricando los juegos de pool, flippers, futbolitos y rocolas.
Desde su creación, hace casi siete años, esta gremial afirma estar en contra del juego entre menores de 18 años y contar con el apoyo de CAMBADU, la gremial que agrupa a almaceneros, baristas y minoristas, sus principales clientes, explicó Walpirio Cardozo, presidente de AUFOJE (3).
Cardozo indicó a que desde hace más de cinco años su gremial “pelea” por regularizar la actividad. El empresario admitió que puede haber más de 15 mil tragamonedas en los comercios, pero aclaró que la cifra es difícil de precisar pues muchos operadores, llamados “maquineros”, trabajan por la cuenta o no pertenecen a ninguna asociación.
Muchos “maquineros” fueron recibidos varias veces por los parlamentarios para explicar la compleja situación legal en la que trabajan. En noviembre de 2008, la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados aprobó una minuta de comunicación dirigida al Poder Ejecutivo solicitando que se regulara esta actividad, considerada por muchos como clandestina.
Los impulsores de esto fueron los entonces diputados oficialistas Enrique Pintado, Gustavo Bernini, Edgardo Ortuño, Diego Cánepa y Javier Salsamendi y los opositores del Partido Nacional Luis Lacalle Pou y Gustavo Borsari. Esta iniciativa pasó al Plenario de la Cámara de Diputados pero, luego, no fue aprobada. En la actualidad, cuatro de los cinco legisladores oficialistas que impulsaron la iniciativa ocupan altos cargos en el Poder Ejecutivo, a pesar de lo cual tampoco hubo un nuevo impulso al proyecto.
Luego, el 13 de julio de 2009, el Poder Ejecutivo (encabezado por el entonces presidente Tabaré Vázquez) envió al Parlamento un proyecto de ley que buscaba prohibir el funcionamiento de estas tragamonedas y que el juego clandestino dejara de ser una falta para convertirse en un delito. “Quien explote juegos de azar sin autorización será castigado con tres a 24 meses de prisión”, establecía el texto.
Pero las aguas estaban divididas entre los propios legisladores oficialistas y eso, sumado a otros asuntos que la izquierda tenía en estudio, hizo que el proyecto nunca fuera tratado. Varios legisladores del gobernante Frente Amplio apoyaron la gestión del entonces titular de la DGC, Fernando Nopitsch, pero se mostraron proclives a regularizar estas máquinas, y no a prohibirlas.


Las fuentes de trabajo y los menores
 

Cuando el proyecto para prohibir estas tragamonedas quedó coleccionando telarañas en algún cajón del Parlamento, el gobierno de Vázquez salió a bajarle el perfil a las afirmaciones de los dueños de estos slots sobre la pérdida de miles de fuentes de empleo en caso que se prohibiera esta actividad.
“La venta de pasta base (de cocaína) también genera ingresos para muchas personas. Lo mismo el contrabando. Sin embargo, esa no es una razón para permitir la venta de drogas ni el contrabando”, dijo Nopistch. 

Además, aseguró que lo único que hacen estas tragamonedas es “fomentar el juego”, principalmente entre los menores de edad. Estas afirmaciones cayeron muy bien en una parte de la sociedad que se opone a la proliferación de juegos de azar y, obviamente, irritó a los dueños de las tragamonedas “barriales”.
“Los menores también toman vino en todas las esquinas y no vimos a nadie pidiendo la prohibición de bodegas y viñedos. Los menores ven pornografía en algunos cibercafés y nadie pide que se cierren. Muchos juegan al 5 de Oro por teléfono con los datos de un adulto y nadie pide que este juego deje de funcionar. Los menores participan en infinidad de juegos de azar a través de un celular y nadie hace ni dice nada. Acá el problema no son los menores”, explicó Gerardo Dibbern, abogado de AUFOJE.


Made in Uruguay
 

Cada tragamoneda “barrial” deja, en promedio, 1.500 pesos uruguayos (unos 80 dólares) por mes para el propietario y otros 1.500 pesos para el dueño del comercio donde se instala, ya que la ganancia se reparte en mitades, aseguró AUFOJE. Sin embargo, el director de Casinos sostuvo que la ganancia de cada maquinita ronda los 200 dólares mensuales. A la hora de aprobar una regulación para que funcionen de forma legal, y paguen los tributos correspondientes, esta diferencia de cifras no resulta nada menor.
El presidente de AUFOJE, Walpirio Cardozo, aseguró que las tragamonedas de la gremial que representa son 100% de fabricación nacional. Por eso, da trabajo a herreros, carpinteros, vidrieros, ingenieros y pintores, que construyen estas máquinas.
“Queremos desarrollarnos como industria nacional. Los slots de los grandes casinos son importados, los nuestros son hechos en Uruguay y las ganancias quedan acá, no se las lleva del país ninguna multinacional”, argumentó, por su parte, el abogado Dibbern.
Sin embargo, según se pudo comprobar para esta investigación hay “maquineros”, en especial los que trabajan en los departamentos alejados de la capital uruguaya, que importan o consiguen el software fuera del país, y luego lo “adaptan” a las “carcazas” de máquinas tragamonedas en desuso.


El juez que ilegalizó el juego
 

Una sentencia del juez penal Sergio Torres consideró ilegal la explotación de estas tragamonedas “barriales” y, por esa razón, procesó a cuatro personas sin prisión, es decir no fueron a la cárcel pero quedaron con antecedentes penales. Dos comerciantes que habían instalado estos artefactos en sus establecimientos fueron procesados por “tenencia de juegos de azar prohibidos” y los dos propietarios de las tragamonedas por “facilitar” este tipo de actividad, según el fallo de setiembre de 2007.
Esta sentencia fue la primera en su tipo. Hasta ese momento, la mayoría de las denuncias contra esta actividad se dirimían en los Juzgados de Faltas y todas ellas, más de 40, resultaron favorables a los propietarios de estos slots.
Luego que la DGC presentara una denuncia, en 2007, ante la jueza de Faltas de Segundo Turno, Laura Rosiello, contra dos comerciantes, la Fiscalía entendió que la actividad era ilícita. Fue entonces que se derivó el caso al juez penal Torres, quien resolvió los procesamientos sin prisión con variados argumentos, entre ellos que la ley 1.595, de 1882, prohíbe los juegos de azar, con excepción de los autorizados por el Estado.



REFERENCIAS
(1) Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, 29 de junio de 2011.

(2) Revista Caras y Caretas, 13 de mayo de 2010.

(3) Ídem

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