lunes, 17 de septiembre de 2012

Las empresas que “ganaron” una licitación de casinos que nunca se realizó



El Poder Ejecutivo llamó en 2009 a una licitación internacional para adjudicar una docena de salas de juego en distintos puntos del Uruguay, a la que se presentaron 15 empresas. Sin embargo, la denominada “megalicitación” se dejó sin efecto, a pesar de lo cual varios de los oferentes accedieron al negocio a través de adjudicaciones directas, según el titular de la Dirección General de Casinos Javier Chá, en una respuesta a un pedido de acceso a la información realizado para esta investigación.
Entre esas empresas adjudicatarias se encuentra Gadamix SA, una sociedad anónima encabezada por Roberto Palermo, quien además preside la red de cobranzas Abitab y la Cámara Oficial de Juegos de Azar (CAJOA).
Por otro lado, el consorcio ICM Boldt logró la concesión de dos salas, una en Rivera y otra en Salto. En la actualidad esta empresa también es el principal proveedor de máquinas de la única sala que funciona en el ámbito de la Intendencia de Montevideo, ya que además de arrendarle cien máquinas tragamonedas le provee de un software para validar los billetes y convertirlos en créditos para los slots de la sala.
Estos datos forman parte del capítulo 3 de “Los dueños del juego. El lucrativo negocio de las apuestas en Uruguay”, una investigación realizada por los periodistas Pablo Alfano y Fabián Werner con el apoyo del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) y el patrocinio del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú.


 Capítulo III

La Megalicitación


El fin de la llamada “megalicitación”. Los casos de empresas que perdieron esta licitación pero igual obtuvieron concesiones. Los nuevos otorgamientos de salas de juego. Las críticas del oficialismo a la gestión en Casinos. El proyecto del gobierno para crear una nueva empresa estatal que se haga cargo de todos los juegos de azar.

A la Licitación Pública Internacional Nº2/2009 que se realizó en octubre del año 2009, conocida como “megalicitación”, se presentaron 15 ofertas de distintas empresas privadas. Su objetivo era instalar salas de juego con slots o casinos en 12 localidades diferentes de Uruguay, según informó el titular de la DGC, Javier Chá, en la respuesta oficial al pedido de acceso a la información solicitado por los periodistas para este trabajo.
La “megalicitación” se abrió a finales del primer gobierno del Frente Amplio, encabezado por Tabaré Vázquez, en coordinación con el entonces titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y hoy vicepresidente de la República, Danilo Astori, y el entonces director general de Casinos Fernando Nopitsch.
Los partidos de la oposición, principalmente los representantes del Partido Nacional (centro-derecha), cuestionaron con firmeza la apertura de esta licitación, por considerar que las condiciones puestas por el Estado para la explotación de estos emprendimientos eran demasiado flexibles.
Nopitsch debió asumir a principios de 2008 luego que el anterior director nacional de Casinos, Juan Carlos Bengoa (del sector frenteamplista Asamblea Uruguay, que lidera Astori) fuera procesado con prisión el 20 de diciembre de 2007 por los delitos de fraude, concusión (coima) y conjunción del interés público con el privado, entre otros.


Las empresas oferentes
 
Para abrir nuevas salas de juego se presentaron en Paysandú las empresas Kaskira SA y Muriler SA. Para el balneario de Punta del Este se presentó la empresa Marystay SA y para la ciudad de Maldonado, capital del departamento homónimo donde está ubicado el principal balneario uruguayo, el oferente fue Vidacel SA.
En el departamento de Florida el oferente fue Gadamix SA, en el departamento de Durazno la firma Mirador Campero SA, en la localidad de Carmelo (ubicada en el departamento de Colonia, fronterizo con Argentina) se presentaron el Consorcio Manuel Seoane y Darío Ventimiglia y el consorcio argentino-uruguayo ICM Boldt SA. Éste último consorcio también se presentó para el llamado de la ciudad de Mercedes
En la ciudad de Colonia del Sacramento (en el departamento de Colonia) se presentaron Doliban SA y Prado Encanto SA. En la ciudad de Chuy, fronteriza con Brasil, ubicada en el departamento de Rocha, se presentó la empresa Krimur SA.
En Río Branco y Acegúa, dos ciudades fronterizas con Brasil pero ubicadas en el departamento de Cerro Largo, se presentaron Gildoy SA y Femurín SA, respectivamente. En la también ciudad fronteriza de Bella Unión, ubicada en el norteño departamento de Artigas, limítrofe con Brasil, también se presentó a la licitación Femurín SA
“A la fecha no se ha adjudicado ninguna sala de juegos que hubiera resultado adjudicada en ese procedimiento de contratación”, dijo Chá en la respuesta al pedido de información. Dicho de otra manera, las 15 ofertas de los empresarios interesados, por diferentes motivos, quedaron por el camino en esta “megalicitación”.
Sin embargo, algunas de las empresas que presentaron sus propuestas en esta “megalicitación” obtuvieron, finalmente, sus concesiones, sólo que a través de otras vías, según lo admitió el propio director de casinos tanto en la prensa como en una comisión del Parlamento.


El ejemplo de ICM-Boldt
 
A mediados de junio de 2010 la DGC adjudicó en el departamento de Rivera la concesión de un hotel con casino al consorcio argentino-uruguayo ICM-Boldt, propietario de hoteles y salas de apuestas en Argentina. Se trata del mismo consorcio internacional que vio rechazadas sus propuestas para las ciudades de Carmelo y Mercedes en el marco de la “megalicitación”.
Chá explicó que el proyecto ya fue adjudicado y el consorcio comenzó a construir un hotel de cuatro estrellas en la capital fronteriza. La inversión prometida por este grupo es de 28 millones de dólares. “Esa obra tuvo un impacto importante en Rivera en cuanto a generación de empleos. También cubrirá un déficit que tenía la capacidad hotelera de esta ciudad”, dijo Chá (1).
El mismo grupo también invertirá 18 millones de dólares en un casino en el Gran Hotel Salto, en el departamento del mismo nombre. Este consorcio había adquirido el Gran Hotel Salto, luego de varios años de total abandono, en una licitación impulsada por el Banco de Seguros del Estado (BSE). “La licitación del hotel incluía la obligación del consorcio ganador de remodelar y poner a punto el hotel”, dijo Chá.
En Salto, el Estado uruguayo ya posee una sala de juegos, pero según explicó el director general de Casinos no es la idea abrir una segunda sala, sino trasladar la existente al hotel que remodela el consorcio y que pase a operar bajo la modalidad de régimen mixto. De esta forma, el consorcio ya obtuvo dos salas, sin pasar por aquel engorroso trámite de la fallida “megalicitación”.
Resulta difícil entender cómo empresas que se presentaron a una licitación y no lograron acceder a la explotación del negocio luego alcanzaron su objetivo mediante otros mecanismos legales. Según varias fuentes vinculadas a los juegos de azar consultadas para este trabajo, lo que ocurrió podría compararse con un inmenso fiambre que no pudo ser vendido de manera completa, al por mayor, y que ahora sí es comercializado y distribuido en “fetas o rebanadas”, es decir en concesiones puntuales.
El consorcio está formado por la poderosa empresa argentina Boldt que posee varios hoteles y salas de juegos en ese país, y el socio local es ICM SA, una empresa que lleva más de 12 años alquilando slots a la Intendencia Departamental de Montevideo (IDM), el gobierno de la capital uruguaya.
De hecho, la IDM decidió el 10 de Junio de 2010 arrendarle a ICM SA 100 máquinas tragamonedas y la provisión del sistema TITO (2) para el Casino Parque Hotel, el único que queda bajo el control del gobierno de Montevideo, ya que el casino del hotel Carrasco fue otorgado en concesión a la cadena internacional de hoteles Sofitel (3).


El ejemplo de Gadamix SA
 
Pese a que en la respuesta al pedido de acceso a la información el propio Chá afirmó que “a la fecha no se ha adjudicado ninguna sala de juegos que hubiera resultado adjudicada en ese procedimiento de contratación”, en referencia a la “megalicitación”, la realidad es otra.
En forma similar a lo que ocurrió con ICM- Boldt existe otra empresa que obtuvo la explotación, también en el sistema mixto, de una sala de juego en el departamento de Florida (en el centro geográfico del país) como resabio de la “fallida megalicitación”.
La empresa se llama Gadamix SA y su presidente es Roberto Palermo, un influyente empresario que actualmente preside Abitab SA (la cadena de pagos y cobranzas privada más grande del Uruguay, que tiene unas 400 sucursales en todo el país) y es, además, el presidente de la Banca de Quinielas de Montevideo, la encargada de explotar todos los juegos de azar bajo el control de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.
En Gadamix figura también el vicepresidente de Abitab, Carlos Mautone, un antiguo integrante de la Banca de Quinielas de Montevideo. Una de las responsables del proyecto arquitectónico es la arquitecta Viviana Pesce, esposa de Mautone, quien al finalizar este trabajo ocupaba una banca como edila (legisladora del gobierno de la ciudad de Montevideo) por el opositor Partido Colorado.
Cuando aún estaba en proceso este trabajo de investigación el director general de Casinos fue convocado a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, a pedido del diputado del opositor Partido Nacional, Jorge Gandini.
Durante la sesión, realizada el 29 de junio pasado, Chá reconoció que una empresa a la cual no nombró (pero se trata de Gadamix SA) abrirá una sala en Florida. Esta versión dada en una comparecencia parlamentaria contradice la que él mismo proporcionó con su firma a través del pedido de acceso a la información realizado para este trabajo.
“Nos parecen importantes los emprendimientos urbanos en las ciudades del interior porque están en comunión mercados pequeños y el establecimiento puede funcionar de manera adecuada. En la mayoría de los casos se pretende reconvertir las salas existentes; no hay reaperturas. La única sala nueva que se piensa abrir es en la ciudad de Florida, a través de un proyecto adjudicado por el Poder Ejecutivo y que tuvo su génesis en la licitación de 2009”, dijo Chá en la comisión parlamentaria frente a diputados de todos los partidos políticos.


Dudosos llamados
 
Durante la sesión, el diputado Gandini recordó que en una anterior comparecencia de Chá en agosto de 2010 el máximo jerarca de los Casinos, quien había asumido hacía pocos meses, suspendió la “megalicitación”.
Luego de recordar que desde aquellas explicaciones en el Parlamento a la fecha “creo que se han adjudicado algunos casinos como producto de la primera de las licitaciones” el diputado opositor manifestó su preocupación por el anuncio de varios llamados a licitación para distintas salas en diferentes puntos del país.
El director de Casinos fue convocado por Gandini debido a cinco licitaciones realizadas, justamente pocos días antes de comparecer ante el Parlamento, para adjudicar a empresas privadas salas de juego en las ciudades de Melo, San José, Chuy, Tacuarembó y otras dos salas mixtas (cogestionadas entre privados y el Estado) en la ciudad de Rocha y en el balneario La Paloma (en Rocha), que funcionarán como una unidad, es decir tendrán los mismos empleados y bajo las órdenes de la misma empresa.
Según opinó Gandini el jerarca estatal “reconoció que cada llamado a licitación se realizó luego de haber negociado con los interesados privados” (4).
Sin embargo, Chá dijo que la “megalicitación” se dejó sin efecto debido a que las autoridades que designó el presidente José Mújica “no compartían el criterio de una licitación amplia e inespecífica con respecto a ofertas diversas en cuanto a establecimientos y departamentos y que no había un criterio lo suficientemente afinado acerca del tipo de modelo de establecimiento que perseguía la Dirección de Casinos”.
Además, agregó el jerarca, la voluntad del MEF fue que los proyectos presentados bajo el proceso de la convocatoria de esa licitación pública, pudieran presentarse en régimen de expresión de interés y fueran tenidos en cuenta para el estudio de factibilidad de la Dirección de Casinos.
Chá explicó, a diferencia de Gandini, que no se “negoció” cada licitación con los operadores privados, en su mayoría de origen extranjero.
“Lo que hicimos fue brindar un mejor asesoramiento a todos los oferentes para que nadie pierda tiempo, dinero, ni energías presentando propuestas inadecuadas, que van a ser desechadas fácilmente”, afirmó Cha.
Y aseguró que “se tuvo diálogo con todos los oferentes y con todo el que vino a preguntar qué tipo de proyectos persigue la Dirección de Casinos. En esa instancia se explicó qué era lo que queríamos, qué tipo de proyectos nos parecía más conveniente. Esto se explicó a cada persona, empresa o representante que nos interrogó al respecto. No hay ninguna direccionalidad. No hay ningún tipo de pliego hecho a medida de propuesta alguna, sino que se ha seguido la propia idea de la Dirección de Casinos respecto de lo que quiere concretar, teniendo en cuenta, por supuesto, lo que quiere el MEF al respecto”, aseguró Chá (5).
“La primera preocupación es cómo se está instrumentando este proceso licitatorio, luego de un proceso de flexibilización –así lo llamó el Director de Casinos en aquel momento y consta en la versión taquigráfica– y de conversaciones para definir las conveniencias. En aquel momento, expresé mis dudas sobre la legalidad. Sin embargo, un año después de haberse suspendido la licitación, aparecen cinco llamados juntos antes de esta comparecencia para salas en Chuy, Rocha y La Paloma en forma conjunta, zona urbana de la ciudad de Melo, Tacuarembó y la ciudad de San José. No sé si solo se trata de transformación de salas estatales en mixtas o si en algunos casos se abrirán salas nuevas”, preguntó Gandini.
“¿Qué hace la Dirección General de Casinos en materia de recepción de proyectos? Actúa como asesora del Poder Ejecutivo en la materia. La Dirección General de Casinos no contrata ni adjudica; adjudica el Poder Ejecutivo. La Dirección General de Casinos, a través del régimen de expresión de interés de iniciativas privadas, recibe distintas propuestas y analiza su factibilidad y conveniencia”, explicó Chá a los diputados.
Para el jerarca se desistió de la licitación anterior “porque presentaba un marco demasiado amplio que no actuaba a favor del oferente, ya que al establecerse los parámetros del modelo deseado y las exigencias de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Turismo y Deporte se transformaba en una máquina desechadora de proyectos, debido a problemas formales en cuanto a la conveniencia del Estado en la materia”.
A juicio del director estatal se debía afinar el criterio, analizar qué tipo de explotación se buscaba y hasta qué tipo de modelo de inversión. Con el nuevo proceso que suplantó a la megalicitación se recepciona cada proyecto y los técnicos analizan su factibilidad.
“¿Quién atiende a los inversores? El Director General de Casinos con sus asesores. ¿Qué tipo de atención se brinda? La misma que se da a cualquier ciudadano. Se informa lo que el Estado entiende como deseable en cuanto a las inversiones y se explican los parámetros de la Dirección General de Casinos. ¿Qué tipo de espacio se brinda? Se reciben a todos los interesados que piden una entrevista. Se informa sobre las normas, los objetivos de la Dirección y el futuro desarrollo. ¿Qué tipo de definición deberán tener los proyectos que se presenten como propuesta bajo un régimen más flexible de expresión de interés? Lo que salió publicado en la prensa. Siempre que haya proyectos competitivos, se instrumentará una licitación pública. Aclaro que las condiciones del pliego de la licitación pública están hechas a medida de la conveniencia de la Dirección General de Casinos y de sus políticas propias, transparentemente comunicadas a todos, en cuanto al tipo de modelo que se busca”, dijo el jerarca en la comisión.
Chá aseguró que con este nuevo mecanismo se pretende “un proceso más responsable, afinado y exigente en cuanto a qué tipo de modelos son compatibles y responden a las necesidades y expectativas del entorno social donde se van a ejecutar los proyectos y de la Dirección General de Casinos”.
La idea es que “los inversores presenten sus proyectos, con un claro conocimiento de la explotación comercial de las salas de esparcimiento que se encuentran en el interior (…) Creo que todo esto beneficia la posibilidad de que se materialicen procesos exitosos y preserva de manera más eficiente y responsable la conveniencia del Estado. Queremos ajustar el modelo de inversión a las necesidades del Estado, bajo un análisis crítico y exhaustivo, para lograr el desarrollo de estos proyectos que son muy importantes para la vida de los departamentos y de las ciudades del interior”, dijo el director.


El gobierno critica a su antecesor
 
“Falta de visión y liderazgo, debilidad en la planificación, atraso tecnológico, lentitud y complejidad en procedimientos agravados por indefiniciones del pasado, inversión privada estancada, máquinas envejecidas y salas de juego obsoletas”. Así dice el gobierno que recibió los casinos del Estado en marzo de 2010, según la memoria anual que el presidente José Mujica entregó el 3 de marzo de este año al Parlamento como balance de su primer año de gestión.
El informe que presentó el MEF advierte que ante esta situación la DGC se convirtió en “un organismo sin una correcta visualización o reconocimiento público, envuelto en la falsa imagen socialmente extendida de que casinos es igual a pérdidas y mala gestión”.
Por esta razón, y tras advertir que la burocracia atenta con el desarrollo de los casinos, desde la Presidencia de la República se dio el visto bueno para sacar del MEF a las salas de juego del Estado.
Lo curioso es que el gobierno de José Mujica (un ex guerrillero tupamaro del gobernante partido Frente Amplio) critique la gestión de su antecesor Tabaré Vázquez, también del Frente Amplio, justo en su primer balance de la gestión de los casinos.
La memoria 2010 que elaboró Chá advierte que “es imposible” pensar en casinos estatales modernos y de calidad con un organismo “atrapado al interior el MEF, sujeto a las normas, trámites y rutinas de la administración central”.
El jerarca calificó la situación de “contradicción conceptual” y “un contrasentido material”. “El desarrollo de un negocio cuyas claves significan logística, tiempos, novedad, actualización tecnológica, marketing y servicios, implica como asignatura primaria cuestionar y modificar su actual estatus e inscripción en la órbita del Estado”, concluye el balance de Chá.
El jerarca dijo que se evalúa la posibilidad de convertir esta repartición en una empresa pública o en un servicio descentralizado, quizá junto a Loterías y Quinielas.


Jerarcas a la cárcel
 
Las críticas del gobierno de Mujica a la gestión de los casinos estatales durante la pasada administración de Vázquez recaen sobre dos directores: Fernando Nopistch (Partido Socialista) y Juan Carlos Bengoa (Asamblea Uruguay).
Nopitsch debió asumir a principios de 2008, luego que el anterior director nacional de Casinos, Juan Carlos Bengoa (del sector frenteamplista llamado Asamblea Uruguay, que lidera el hoy vicepresidente Astori) fuera procesado con prisión el 20 de diciembre de 2007 por los delitos de fraude, concusión (coima) y conjunción del interés público con el privado, entre otros.
Bengoa fue a prisión por las irregularidades constatadas en su gestión al frente de los casinos municipales de Montevideo en el período 2000-2005. Junto a él fueron a la cárcel el ex director nacional de Loterías y Quinielas, Orestes González Braida (también del sector oficialista Asamblea Uruguay), el empresario dedicado al negocio de las máquinas tragamonedas Felipe Ruiz, un ex asesor de Bengoa, José Luis Antúnez, y el funcionario del gobierno de la ciudad Gustavo Dalmonte.
Los cinco fueron acusados de integrar una red de corrupción que favoreció a empresas –algunas de familiares y amigos– vinculadas con el arrendamiento de máquinas tragamonedas.
A fines de mayo de este año, y a tres años y medio de iniciado el proceso judicial que indagó las irregularidades en los casinos municipales, el fiscal penal Diego Pérez presentó la acusación formal contra Bengoa.
El fiscal solicitó que Bengoa sea condenado a cinco años y medio de prisión por los delitos de fraude, concusión (coimas) y conjunción de interés público y privado.
Además, le sumó un nuevo delito, el de falsificación ideológica por un funcionario público, por las notas de agradecimiento que el ex director de Desarrollo Económico del gobierno de Montevideo, Alberto Rosselli, envió a un grupo de empresarios, por su colaboración económica para la refacción de la cantina del Casino Parque Hotel, la sala de juegos del gobierno montevideano. El fiscal le atribuyó el mismo delito al ex asesor de Bengoa, y ex director nacional de Loterías y Quinielas, González Braida.
Pérez solicitó también que a Bengoa se le imponga una multa de 7 mil Unidades Reajustables (unos 195 mil dólares aproximadamente) y pidió que se le establezca una prohibición judicial de cinco años para ejercer cargos públicos. El fiscal también mantuvo la imputación contra los otros cuatro procesados.
Pese a esta resolución ninguno de los cinco procesados volverá a prisión, ya que todos obtuvieron la excarcelación en marzo de 2010, cuando ya habían cumplido dos tercios de la pena que se preveía les recayera, según establece el sistema judicial uruguayo.
En forma paralela, la fiscalía seguirá investigando si el ex jefe del gobierno de Montevideo, Mariano Arana, su entonces secretaria general, María Julia Muñoz, y el ex responsable de Desarrollo Económico, Alberto Rosselli, tuvieron algún tipo de responsabilidad en las maniobras delictivas detectadas entre 2000 y 2005.
La justicia aún no logró dilucidar las razones por las cuales algunos empresarios privados obtuvieron contratos de arrendamiento de slots al 50 por ciento del rendimiento, ya que la mayoría de los acuerdos eran por el 30 por ciento. En el juzgado Bengoa atribuyó ese contrato a la existencia de una gestión directa de Arana y de Muñoz. Por ahora el caso, sigue abierto y significó el primer cuestionamiento grave a la transparencia de la gestión del primer gobierno de la coalición de izquierda que hoy sigue en el poder.
En el ambiente de los juegos de azar circulan versiones que indican que Bengoa hoy estaría trabajando como asesor para una importante empresa privada, lo cual no pudo ser fehacientemente comprobado en el transcurso de esta investigación.
No obstante, las versiones llegaron a oídos de varios parlamentarios y circulan en casi todos los sindicatos de los juegos de azar. En la última sesión a la que fue citado Chá al Parlamento para realizar una especie de rendición de cuentas, este aspecto fue abordado por el diputado Gandini y se produjo el siguiente diálogo:
Gandini: “También quiero preguntar al Director General de Casinos –me dará su versión; espero que mi pregunta no le caiga mal– si en alguna de las reuniones realizadas –a mí me consta que es así; el Director dice que no– ha participado, en nombre de alguna empresa, con funcionarios de Casinos, el ex director, contador Juan Carlos Bengoa, hoy procesado, con acusación fiscal en la que se pide la inhabilitación para ejercer ciertas funciones. Simplemente me interesa que su opinión quede en la versión taquigráfica; en su momento podremos referirnos al tema”.
Chá: “En cuanto al ex Director de la Dirección General de Casinos del Estado, señor Juan Carlos Bengoa, yo nunca participé en ninguna reunión en la órbita de la Dirección General de Casinos con ningún tipo de oferentes y en ninguna materia que vincule a esta Dirección ni ninguno de sus cometidos, en la que haya estado presente el señor Bengoa”
Gandini: “Me quedó muy clara esta última respuesta, de tipo personal, del Director General de Casinos. Doy total crédito a su afirmación. De todas maneras, deja abiertas algunas informaciones que tengo”.
De esta forma, y con cierta picardía muy típica en la política uruguaya, el legislador de la oposición analizó que en ningún momento Chá negó la participación de Bengoa delante suyo, lo cual no significa que no se hayan realizado a sus espaldas.


Una nueva empresa estatal
 
En las más altas esferas del gobierno circula un borrador de un proyecto para crear una empresa pública encargada de administrar todos los casinos, sean estatales, mixtos o privados, todas las apuestas bajo control de la Dirección de Loterías y Quinielas (Quiniela, Tómbola, 5 de Oro, Kini y Loterías) y otros juegos de azar, entre ellos el turf.
En el borrador de este proyecto se plantea también la creación de una nueva dirección nacional, que fungirá como una especie de unidad reguladora de todos los juegos de azar, según admitió Chá en el Parlamento.
En determinado momento de la larga sesión se produjo un contrapunto muy duro cuando el diputado Gandini le preguntó al director de Casinos por el borrador que circula entre las principales autoridades del MEF.
“Yo estaba en conocimiento de ese borrador y eso al director de Casinos lo descolocó un poco. Pero admitió sin problemas que existe, brindó algunos detalles de su contenido, aunque aclaró que eso se maneja estrictamente a nivel del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y sus más estrechos colaboradores”, explicó Gandini (6).
El jerarca admitió, según dijo el diputado blanco, que el borrador de este proyecto promueve la creación de una nueva empresa pública que se hará cargo de explotar y administrar todos los juegos de azar.
“El material al que debe haber accedido el diputado (Gandini) es un borrador, porque es lo único que ha circulado y que se ha distribuido o, en todo caso, conversado, entre el Ministerio de Economía y las distintas agremiaciones que nuclean a los trabajadores vinculados a la Dirección de Casinos y a la Dirección de Loterías y Quinielas”, reconoció Chá.
Bajo el título “Proyecto de Reorganización de Juegos de Azar y Apuestas” el borrador, al que se tuvo acceso para esta investigación, contempla la idea de “crear la Administración Nacional de Casinos y Juegos de Apuestas de Estado, como Servicio Descentralizado Comercial, de acuerdo a lo establecido en la Sección XI de la Constitución de la República, con el cometido de la explotación y la administración de casinos, salas de esparcimiento, loterías y cualquier otro juego de apuesta para los que obtenga licencia, permiso o autorización, promover la actividad hípica y el turismo”.
Por otra parte, otro artículo del borrador del proyecto de ley dice textualmente: “La Administración Nacional de Casinos y Juegos de Apuestas del Estado continuará explotando los casinos, salas de esparcimiento y similares que hasta la fecha de vigencia de la presente ley estaban a cargo de la Dirección General de Casinos, manteniendo vigencia todos los contratos que a dichos efectos se hayan realizado”.
De esta manera, la nueva empresa estatal, según lo que tiene en mente el gobierno, tomará las riendas de la gestión de todos los casinos y salas con máquinas tragamonedas, sean 100 por ciento estatales o funcionen en régimen mixto, es decir en asociación con operadores privados.
Los juegos que regula y administra la Dirección de Loterías y Quinielas como la Quiniela, la Tómbola, el Kini, el 5 de Oro, las loterías y toda la amplia variedad de las denominadas “raspaditas” también pasarán a esta nueva empresa.
El documento, que despertó cierto malestar entre algunos diputados oficialistas, tiene unos 20 puntos y también plantea crear la Dirección Nacional de Contralor de Juegos de Azar y Apuestas, una especie de sucesora de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, que además de supervisar sorteos, concursos y premios podrá otorgar licencias, permisos y patentes para la explotación de todos los juegos. Dicho de otra manera, esta nueva dirección nacional será como una especie de unidad reguladora de todas las apuestas legales.
La información desconcertó hasta al propio compañero del opositor Partido Nacional de Gandini, el también nacionalista Pablo Abdala, quien consideró que se estaba “frente a un posible rediseño institucional”.
El diputado Abdala le preguntó a Chá si se tratará de un ente regulador al estilo de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), o la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), y si se maneja algún plazo para la creación de este nuevo organismo.
Para el director de Casinos “las dos consultas son extremadamente pertinentes”, pero reiteró que se maneja, por ahora, estrictamente entre el ministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo y sus principales colaboradores.
Por su parte, Gandini expresó que por el momento no le parece “ni positiva ni negativa esta idea que maneja el Poder Ejecutivo” y que seguirá de cerca el curso que vaya tomando este emprendimiento. “Yo voy armando un expediente con todo esto que se va diciendo en la prensa, en el Parlamento y con los documentos oficiales que, muchas veces, no son nada fáciles de conseguir”, dijo el legislador.



REFERENCIAS
(1) Diario El País, 14 de junio de 2010

(2) TITO es la sigla del sistema informático Tiquet in – Tiquet out que permite que se utilicen “tokens” (monedas o billetes) hasta cierta suma de dinero y luego el apostador debe desembolsar su dinero directamente a través de esta vía.

(3) La piedra fundamental del Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa fue colocada en setiembre de 2010. Este emprendimiento, que demandará una inversión estimada en 63 millones de dólares, significa la recuperación del viejo Hotel Casino Carrasco cuya reapertura está prevista para 2012 con 119 habitaciones de lujo.

(4) Diario El Observador, 3 de marzo de 2011.

(5) Tomado textualmente de la versión taquigráfica de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, realizada el 29 de junio pasado.

(6) Semanario Crónicas, 1º de julio de 2011.

No hay comentarios: