sábado, 8 de diciembre de 2007

Va ganando el sentido común

Sobre la denuncia penal contra la periodista Ana María Mizrahi



Hay cosas que realmente no se entienden. El 9 de mayo (sí, hace siete meses) en el programa La Noticia y su Contexto que se emite por Canal 5 la periodista Ana María Mizrahi entrevistó al ex integrante del MLN José Luis Rodríguez. Durante el programa el ex tupamaro acusó al coronel Artigas Álvarez –hermano del ex dictador Gregorio “Goyo Álvarez– de haber “matado a un compañero a patadas en la cárcel”. Y, de paso, reconoció públicamente haber asesinado al hermano del “Goyo” (por lo cual cumplió condena, con torturas incluidas).

El coronel Artigas Álvarez fue asesinado el 25 de julio de 1972 en el marco del enfrentamiento que tenía el MLN con las Fuerzas Armadas. Existe una versión que señala que Gregorio Álvarez ordenó que no se atendiera al tupamaro Roberto Luzardo cuando fue internado en el Hospital Militar, en represalia por el homicidio de su hermano. Luzardo falleció en ese hospital tras no haber recibido asistencia, hecho que actualmente investiga la justicia penal.

Pero el meollo del asunto es otro. La hija de Artigas Álvarez, María Celeste Álvarez (sobrina del “Goyo”), presentó una denuncia penal por el delito de difamación e injurias contra“el responsable del Canal 5 Sodre Televisión” (o sea su directora Sonia Breccia), Mizrahi y Rodríguez.

La repregunta que formuló Mizrahi “¿por qué mataron a Álvarez?” buscó deliberadamente que el ex tupamaro culpara al militar por el asesinato de un militante político, por lo que existe una “intención de menoscabar el honor” del coronel fallecido, lo que se constituye en un “claro abuso de la libertad de prensa”, señala la denuncia.

Ahora bien, pongamos los puntos sobres las íes. Quien culpó al coronel Álvarez de haber “matado a un compañero a patadas en la cárcel” no fueron ni Mizrahi, ni Canal 5: fue el entrevistado. Como bien dice un comunicado de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), emitido el 6 de diciembre,“está pacíficamente admitido que por el hecho de entrevistar y difundir conceptos de cualquier persona sobre asuntos de interés público, el periodista no es responsable por los dichos de un tercero. Sin duda, la difusión de informaciones sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura exime de cualquier comentario sobre la relevancia pública de las mismas”. Por eso, agrego yo, la “Turca” Mizrahi (como la conocemos en el gremio periodístico) nunca debió siquiera ser denunciada penal o civilmente.

Con este tipo de prácticas, amenazas veladas, se sigue persiguiendo, al igual que en la antigüedad, al mensajero. Por suerte, este fin de semana el abogado de Mizrahi, Hebert Gatto, interpuso ante el juez Álvaro Beyhaut un recurso de reposición y apelación. De esta forma, quedó suspendida la primera audiencia prevista para este lunes 10 de diciembre, irónicamente el Día Mundial de los Derechos Humanos.

Gatto señaló en el recurso presentado ante el juez que la responsabilidad fue asumida por el entrevistado José Luis Rodríguez y que nada tiene que ver la periodista que sólo se limitó a hacer su trabajo: entrevistarlo.

La APU recordó que el 23 de octubre pasado, Día del Periodista, junto a otras organizaciones, envió al Poder Ejecutivo un proyecto de ley que propone despenalizar la difamación. El proyecto no busca otra cosa que terminar con el hostigamiento penal que enfrentamos los periodistas a diario. Hasta donde se sabe el proyecto aún no llegó al Parlamento.

Sería bueno que alguien activara este proyecto de ley porque pegándole al mensajero no se logra nada, sólo censura, autocensura y una libertad de expresión y opinión cada vez más amordazada.

Que no se entienda que con la eliminación de los llamados “delitos de prensa” se busca que los periodistas tengamos “fueros” o una inmunidad especial. No es eso. Se trata de que si un periodista en el ejercicio de su profesión dice o publica algo, en forma respetuosa y documentada, que no le gusta a alguien no tenga sobre su cabeza la espada de Damócles de ir a prisión por haber hecho su trabajo.

En mi opinión el proyecto de APU es bueno aunque tiene una trampa: en él se podrían amparar aquellos que, montados en esta profesión, se dedican deliberadamente a difamar o enchastrar a terceros, sin prueba alguna. Claro que no es el caso de Mizrahi. Por suerte el juez aceptó el recurso. Y va ganando el sentido común.

No hay comentarios: