miércoles, 19 de diciembre de 2007

El pedido de procesamiento de Bengoa y Cía

Lee el pedido de procesamiento del contador Juan Carlos Bengoa, sus dos ex asesores, otro ex jerarca municipal y un empresario completo. Sí ya sé, muchos van a pensar que estoy haciendo campaña contra el ilustre ex director de Casinos. La respuesta es nones. Lo único que hago es darle la mayor transparencia y cantidad de información posible a los ocho lectores de este blog (pahhh sonó igual a Sánchez Padilla!!!)

Señora Juez:

De la instrucción verificada en autos surge -prima facie- acreditado lo siguiente:

1. Los Casinos Municipales estuvieron bajo la órbita del Cr. Juan Carlos Bengoa durante el lapso comprendido entre los años 2000 a 2005 aproximadamente. En el período 2000- 2002 en virtud de que dicha dependencia se encontraba en la División Administración de Personal a su cargo, y de allí al final del período señalado, por integrar la División Promoción Económica del Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional también a su cargo.

En los hechos investigados fueron sus colaboradores más cercanos los Sres. Orestes Luis González y José Antúnez de Oliveira. Ambos fueron contratados a partir del mes de julio del año 2000. Expresa Bengoa en sus declaraciones, que dichas incorporaciones le fueron requeridas a sus superiores por solicitud del Sr. José Mujica, extremo este que ha quedado notoriamente desvirtuado, por lo que puede razonablemente sostenerse que la contratación tuvo su causa en el grado de relacionamiento anterior que les unía. Aún cuando en esencia no revestían la calidad de asesores, pues no es esa la denominación que se le dio a la incorporación, en esa función se les conocía en el medio y como tales se presentaban y actuaban, todo lo cual se desprende de numerosos testimonios obrantes en la instrucción inclusive el del propio Antúnez, y la existencia de un sello con el nombre de González debajo del cual luce la palabra “asesor”.

2. Al momento de asumir el Cr. Bengoa su función, las máquinas slots eran de dos regimenes diferentes: algunas de propiedad municipal y otras de propiedad privada arrendadas por particulares a la División Casinos de la IMM. El sistema estaba monitoreado por una oficina de Contralor y Seguimiento Estadistico de Máquinas de Azar a cargo del Sr. Gustavo Dalmonte quien era la que tenía a su cargo el control de rendimiento de las máquinas. El sistema de adquisición, tanto en un sistema como en otro, era el de leasing que se resolvía por el procedimiento de licitación.

3. El mantenimiento de los equipos propiedad municipal estaba a cargo de la empresa Sabid SA cuyo titular es el Sr. Felipe Ruiz y en el caso de los particulares es mixto, brindado por la propietaria de los slots o por la empresa Sabid.

4. En el curso de su gestión, Bengoa decide imprimirle una nueva tónica a la realidad de casinos, modificando el sistema que imperaba hasta ese momento. Para ello, diseña una nueva estrategia de negocios sustituyendo el sistema señalado, por el de contratación directa con los particulares. Suspendió la licitación pendiente, y alegó como fundamento de su pretensión que las máquinas del Casino del Parque Hotel tenían dificultades relativas a la obsolescencia y bajo rendimiento.

5. En función de ello eleva un reporte a sus superiores informando la situación y proponiendo el cambio de sistema. Invoca razones de urgencia, de imprevisibilidad, y de mejor servicio, para cumplir lo cual se tomaría en cuenta las pautas de representaciónde marcas internacionales y exclusividad de las mismas en los oferentes, que tendría el nuevo sistema. La urgencia, explica, que existe en cuanto el Casino Parque Hotel estaba quedando en condiciones desventajosas respecto a sus competidores recientes. La imprevisibilidad que señala está dada por cuanto esta fue la nota - que según sus dichos- coloreaba la situación de apertura de nuevas salas, y representación y exclusividad en la forma que se señalara precedentemente.

6. Ese contrato le costaba a la División Casinos de la IMM, un precio que se situaba en el entorno del 30% de la ganancia bruta más IVA (total de fichas jugadas menos premios) y tendria una duración que según consigna en el informe sería de 36 meses. Al momento del otorgamiento de los contratos, se puede constatar que el plazo se sitúa en los 66 meses, con seis meses iniciales de gracia.

7. El día 4.3.03 el Cr. Bengoa eleva una nota a Secretaría General dando cuenta de las dificultades que tenía el parque de máquinas, con un 62% del mismo, en condiciones de fin de vida útil o por debajo del promedio. En ese informe además, da cuenta de que, había iniciado una ronda de sondeos con las principales marcas internacionales a quienes le ofrecería la opción de contratar. Estos, según sus dichos, por intermedio de sus representantes habían demostrado estar interesadas en la opción que ahora proponía Bengoa y dispuestas a colaborar con apoyo publicitario al producto Casino, brindando unidades de última generación, proporcionando el listado de las marcas que se iban a incorporar en ese sistema, todo lo cual, subraya como notorias ventajas para la Administración Municipal. Antúnez y González junto con los Sres. Luis Casanova y Gustavo Dalmonte, conformaron la Comisión Asesora de Adjudicaciones de Casinos quienes en colaboración directa con Bengoa, fueron los encargados de analizar las propuestas que se presentaron y en definitiva resolver los arrendamientos directos que conformaban el nuevo sistema.

8. La realidad ha dejado de manifiesto que esos sondeos con las principales marcas, no fueron tales. En realidad se llevaron a cabo por parte de Bengoa y sus asesores o secretarios, como entiende él que deben llamarse, negociaciones secretas y reservadas con los proveedores habituales de máquinas slots de plaza y algunos otros escogidos al azar del cual surgió la concreción del plan.

9. Se ha podido establecer que ninguno de los postulantes detentaban al momentode la negociación, la representación exclusiva de marca alguna, por lo tanto los informes de Bengoa fueron mendaces en ese aspecto.

10. Se desconoce el camino recorrido para arribar al precio contractual, pues no surge que el grupo haya realizado un análisis de la ecuación económica tomando en consideración el costo de la maquina, el tipo de juego y sus resultados, y la incidencia de cargas salariales, porcentajes varios que llevan los funcionarios de casinos, y mantenimiento de sala, a fin de determinar si el precio establecido con carácter general era el adecuado y si el mismo resultaba ventajoso para la IMM o la llevaría directamente al descalabro y déficit que finalmente se constató. Bengoa sostiene que el precio fue determinado por sus superiores, tomando en cuenta el imperante en salas similares, y que no participó en la decisión, siendo que esta le fuera impuesta verbalmente. Este extremo aparece desvirtuado por las declaraciones concordantes del Sr. Alberto Roselli, Arq. Mariano Arana y Dra. Maria Julia Muñoz. Las declaraciones de Carlos Toscano, brindadas en la instrucción administrativa, funcionario de la Oficina de Seguimiento Estadistico de Maquinas de Azar a cargo de Gustavo Dalmonte, arroja luz sobre el punto. Describe en su declaración, la forma como hasta ese momento se había llevado el cálculo de la rentabilidad de las mismas y los controles que operaban sobre ella y la elevación de informes periódicos con esos resultados. Este funcionario declara: “al asumir el Cr. Bengoa, se me instruyó por Dalmonte que esos informes no se entregaban más. Esos informes permitían conocer el funcionamiento de cada tipo de máquina a fin de examinar cuales eran más rentables. Y permitía negociar con las empresas proveedoras para que mejoraran sus propuestas. Las diferentes empresas no conocían la información de sus competidores… eso permitía negociar en forma transparente” (v. fs. 595 inv. Administrativa.-)

11. Tampoco resultaron ciertas las invocadas razones de urgencia por cuanto ha quedado demostrado que alguna empresa firmó contrato en el 2002 y entregó las máquinas efectivamente en el mes de octubre del año 2003 (ver. Informe que realiza la empresa Zorbas en la licitación 108.968/1).

12. Los contratos fueron celebrados en el curso del año 2002, muchos de los cuales el 20.3.02 con varias empresas: Famostar SA., Borelco SA, Macale SA, Flipper’s Andes Ltda., ICM SA, Borlex SA, Vallasey SA, Metalfinish SA, Raft SA, Folway SA, Libretol SA, Macale SA, Otor SA, y Tisaro SA entre otros. Entre los contratantes existen algunos sin antecedentes en el rubro.

13. La resolución dictada por el Intendente Municipal en función de los antecedentes y fundamentos que le fueran elevados por el Cr.Bengoa, incorpora a la misma un modelo de contrato que fue el que luego en definitiva se suscribiera con los que habian sorteado con éxito la instancia. Según Bengoa los contratos fueron redactados por los servicios jurídicos de la IMM pero estos niegan su participación.

14. El Tribunal de Cuentas de la República observó el gasto, fundamentándola en la forma que surge del informe respectivo. Bengoa responde modificando su línea argumental inicial y alega las razones de urgencia y el peligro de perdida de 500 puestosde trabajo, así como los costos de importación de las máquinas. En nota del 30.6.03 vuelve a sostener que se contrató directamente con firmas que ostentan la representación de fábricas del exterior, extremo que como surge del material de cargo incorporado, vemos que no es así. Finalmente, ante nuevas observaciones del TCR que dejaban de manifiesto las irregularidades del nuevo sistema, en nota del 11.9.03 en formula particularmente bizantina sostiene: “si bien no existe exclusividad en el universo posible de slots, es fácil comprobar la exclusividad particular de cada marca…” Finalmente en nota del 28.9.03 informa “que el gasto se encuentra asociado a un ingreso para la administración…por tanto se entiende pertinente la imputación y pago del mismo”. La Intendencia en función de los informes, no tuvo en cuenta las observaciones del TCR y dispuso el gasto pertinente, pese que como ha quedado de manifiesto la operación estaba pautada de irregularidad.

15. Las empresas contratantes presentan particularidades. Son generalmente sociedades anónimas, al frente de las cuales existen en la inmensa mayoría de los casos, testaferros que desconocen su condición de directores de las mismas, que no están a la altura de las circunstancias por falta de idoneidad para el cometido que se les asignan, y que pese a que se dice que necesitaban trabajar como justificante de la dada de empleo, no cobran salario. En otros casos, existe coincidencia de domicilio ycomparten número telefónos y en algunas trabajan familiares tanto de los Sres. Jose Antúnez como de Orestes González. Su contabilidad presenta severas irregularidades.
Es de destacar que el paquete accionario de las empresas, está en manos de cuatro o cinco empresarios, por ejemplo el Sr. Raúl Cohn es dueño de las empresas Otor SA, Libretol SA, Metalfinish SA, Mecanus SA, Macale SA, Vallasey SA, Meluca SA y Metalar SA. Roberto Kan es prpietario de Raft SA y Tisaro SA, el Sr Eduardo Ferencz de Zorba SA y Borelco SA. Entre las empresas se da un entretejido intrincado de vinculaciones pasadas y presentes, que sera objeto de mayor análisis en la etapa procesal oportuna. Interrogados los empresarios sobre la razón por la que se presentaban con tantas sociedades cada uno, expresaron que era según indicación de Bengoa y sus asesores (ver declaraciones de Cohn y Kan) el número de maquinas que se podía presentar por empresa, extremo que aquel controvierte en sentido negativo.

16. El contrato pone a cargo de la IMM el costo del mantenimiento de los slots en la gran mayoría de los casos, lo que seguramente incide negativamente en el precio. La prestación del service, está a cargo, como se señalara precedentemente de la empresa SABID, perteneciente al Sr. Felipe Ruiz antiguo funcionario de los Casinos del Estado.En este punto se ha podido constatar que: la empresa Sabid facturaba por un número de máquinas a las cuales brindaba asistencia, superior a las que tenía en existencia el Casino, y que además ese número no era determinado mediante la constatación por inventario, sino que en forma teléfonica y al azar, el Sr. Gustavo Dalmonte integrante de la Comisión de Seguimiento le decía “facturame por tantas”. Sabid además de prestar asesoramiento, servicio y asistencia tecnológica a las demás máquinas existentes en piso, era contratante de la IMM a través de la empresa FOLWAY S.A. En dicha sociedad figura como presidente y titular del paquete accionario su suegro Hector Eduardo López. La encuesta permitió determinar el escaso conocimiento que esta persona tenía del negocio y la operativa, y como delegaba todas las cuestiones en su yerno. La empresa no tenía máquinas, sino que se las arrendaba a Otor SA. Las contradicciones existentes en los testimonios respecto al origen de la inversión, y demás cuestiones relativas a la empresa determinaron que en definitiva Felipe Ruiz terminara admitiendo su titularidad en la misma. En dicha empresa, que compartía domicilio y telefóno con Timelur SA pertenenciente a González Braida, trabajaba la hija de José Antúnez de nombre Paula Antúnez, a quien además de su salario se le pagaban sus estudios en la Universidad de la Empresa. Folway SA salio adjudicataria en la licitación en el año 2002, pese a que no tenía maquinas aunque así lo expreso en la oferta licitatoria, ya que los primeros movimientos contables de su empresa se verificaron en el año 2004. En ocasiones compartía utilidades con la empresa OTOR S.A. como ya se dijera propiedad del empresario Cohn titular de las empresas que se indicaran más arriba, empresas todas dirigidas por testaferros. Dos de ellos, Eduardo Bernis y Rosemarie Sosa, son parientes de González Braida. Este niega conocer dicho extremo pese a integrar la Comisión de Adjudicaciones. No obstante la Sra. Norma Vega, compañera de Raúl Cohn asegura que esas personas fueron colocados en sus puestos a pedido expreso de González Braida.

17. En el periodo 2002-2003 los gastos por estos conceptos tuvieron un significativo incremento. De $ 6.000.000 que se consumieron en el primer periodo, pasaron a $ 22.000.000. en el estimativo 2003.

18. A fin de que el producto resultara redituable, el grupo de Bengoa, Antunez y González le expresó a los empresarios que había que remodelar la sala. Esta idea ya estaba en la mente de Bengoa, pues en nota que elevara a Secretaría General el 4.3.02 proponiendo su plan modificativo sostiene: “ en el marco de las transformaciones necesarias que nos permitan reconvertir el edificio donde operamos nuestro Casino Parque Hotel…” . Los empresarios aceptaron pues asumir la refacción de la Sala de Juegos ya que se encontraba en condiciones inadecuadas para tornarla atractiva y ponerla en situación competitiva respecto a las restantes salas de la ciudad. Bengoa sostiene que la idea partió de los particulares, no obstante Orlando Baridón, titular de la empresa Famostar sostiene: “ la idea partió de la IMM…lo que acordamos un poco entre todos fue que cada empresa pusiera U$S 25.000 que le entregamos a SABID para que coordinara las reformas”. Es de señalar que Baridon y Ruiz se conocían bien, pues el primero le vendió la empresa Sabid al segundo.- Ruiz no tiene antecedentes como constructor ni como administrador de obras. No obstante le fue dada carta libre para la decisión del proyecto y el manejo del dinero que aportaban los empresarios.- Cobró el 10% del costo total de la obra en concepto de honorarios. Según sus dichos, facturó dicho importe. No obstante ello, los empresarios desconocían que Ruiz cobrara honorarios por su labor, aunque suponían que algo se llevaria. Sabid, esto es Felipe Ruiz era el hombre de adentro del Casino como lo señalan todos los empresarios, y estaba en el medio de todas las operativas que se realizaban, era el centro half como manifestara el Cr. Bengoa en la audiencia celebrada en la Sede.

19. La Cooperativa Mozlui, concesionaria del servicio de cafetería y bar de la sala de juego, fue conminada a realizar el aporte correspondiente, siendo amenazada por el Antunez, González y Felipe Ruiz, que para el caso que no se hicieran eco del reclamo, perderían su lugar en el casino, llamando a licitación para ser sustituídos. Existen testimonios suficientes en la indagatoria que permiten sostener dicha imputación.

20. La obra se hizo en condiciones irregulares. No se llamó a licitación para proyecto, ni consta que se haya buscado la mejor oferta, tampoco se ejerció control sobre los resultados de la obra en el sentido de que haya respetado las particulares y extraordinarias condiciones del edificio, ni sobre la regularidad de los gastos. Bengoa sostiene que el proyecto le fue presentado por los empresarios y que lo sometió a consideración del Intendente, quien en reunión con las jerarquías de mandato verbal lo aprobó, dándole su visto bueno. Las jerarquías, esto es Arana, Roselli y Muñoz niegan haber recibido o visto proyecto alguno y dan explicación acerca de cómo deben realizarse los trámites en casos similares. De todas formas la obra se hizo. La regularidad de la rendición de cuentas, está bajo sospecha pues la documentación presentada por Sabid tiene las carencias notorias. No obstante, ninguno de los empresarios hizo cuestión de la forma como se manejara, ni se preocuparon de ver el destino de sus dineros y que los mismos rindieran en la forma adecuada.

21. El Sr. Roselli envió a cada uno de los empresarios una carta de agradecimiento por la colaboración recibida. Según declara en autos, dicha carta le fue requerida por González pues los proveedores la utilizarían como mérito para presentarse en la licitación posterior, cosa que efectivamente es así, tal como surge del expediente licitatorio.

22. Todos los empresarios interrogados aseguran que aún con altibajos, el negocio de las máquinas slots, resulta ser rentable y que los mismos rinden un promedio de entre 50 y 100 dolares diarios por máquina de ganancia. A la División Casinos Municipales, solo le restan perdidas, pues en algunos casos de cada 100 pesos recaudados, debe pagar 104,9. Ha sido dificultoso obtener los registros contables de las empresas, no obstante las pericias practicadas hasta el momento y que se continúan, permiten establecer la rentabilidad de las empresas y el escaso lapso en que se amortizaba el costo de cada máquina, por lo tanto se aconsejará dar vista de sus actuaciones a la Dirección General Impositiva a sus efectos.

23. En mérito a lo expuesto, a las emergencias de las actuaciones administrativas, a la instrucción practicada en autos, declaraciones de los investigados, testimonios, documentación aportada y pericias contables realizadas y en curso, la Fiscalía considera que se han reunido elementos de convicción suficientes como para considerar a:

1) Juan Carlos Bengoa incurso con su proceder en la comisión de un delito continuado de fraude, en reiteración real con un delito continuado de concusión y un delito de conjunción del interés personal y público (arts. 160, 156 y 161 del CP) en calidad de presunto autor penalmente responsable.

2) Orestes Luis González Braida como presunto coautor penalmente responsable de un delito continuado de fraude (art. 160 CP) y presunto autor penalmente responsable de un delito continuado de concusión y conjunción del interés personal y público en régimen de reiteración real entre sí y con el anterior (art. 156 y 161 del CP).

3) Jose Antúnez de Oliveira como presunto coautor de un delito continuado de fraude y presunto autor penalmente responsable de un delito continuado de concusión y conjunción del interés personal y público (arts. 160, 161 y 156 del CP) en régimen de reiteración real entre sí y con el anterior .

4) Felipe Nery Ruiz como coautor penalmente responsable de un delito continuado de fraude y un delito continuado de concusión (art. 160 y 156 del CP) en régimen de reiteración real.

5) Gustavo Dalmonte como coautor penalmente responsable de un delito continuado de fraude (art. 160 CP).

24.- Por lo expuesto solicita, que previo cumplimiento de lo dispuesto por el art. 126 del CPP, se dispongan los enjuiciamientos de las personas referidas en el numeral anterior, bajo las imputaciones allí sostenidas, el que se dispondrá con prisión en función de la grave alarma social que el caso ha suscitado, y dandose cuenta en lo pertinente a la Dirección General Impositiva.

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